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martes | 23 abril | 2024
La Xunta emitió ayer un comunicado en el que anunciaba que se van a iniciar los procedimientos legales para la recuperación de las viviendas de la calle Ribeira Sacra que pertenecen al Instituto Galego de la Vivenda e Solo (IGVS) que están en manos de personas que las han ocupado ilegalmente. Se trata de los números 15, 17, 19 y 21. En esta comunidad, el 90% de los pisos pertenece a la Xunta, y el resto de los vecinos han mostrado su desconfianza ante el anuncio. Sobre todo, porque soportan graves problemas de convivencia desde 2006.
Reconocen la existencia del problema: “Hay una señora que, por 300 euros, te da un piso y te conecta el agua, el gas y al electricidad”. Pero, para ellos, lo peor no son los okupas, sino lo problemáticos son los adjudicatarios de viviendas públicas. “La gente que metió aquí la Xunta nos hacen la vida imposible. Nos amenazan, rompen puertas y roban. Nos tienen dicho que es políticamente incorrecto desalojarlos, que podrían venir las plataformas antidesahucios y armar un alboroto”, explican los afectados. “Nalgún momento, os adxudicatarios abandoaron as vivendas sen comunicalo ao IGVS e posteriormente foron obxecto de ocupación ilegal, na meirande parte dos casos de maneira recente”, señala la Xunta.
Deuda autonómica
Pero la vecindad lo ve de otra manera: “La Xunta tiene la mayor parte de los pisos vacíos, y nunca paga la comunidad a tiempo. Ahora su deuda debe rondar los 10.000 euros”. Como la Xunta no paga, dicen, no pueden reparar los daños que provoca esta gente. Y por encima de todo, están asustados.
Los técnicos del instituto ya visitaron el lugar acompañados de la Policía para comprobar la situación. Su objetivo es que la abandonen para volver a adjudicarlas siguiendo la lista del Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida. Por otra parte, el IGVS se plantea iniciar las medidas penales que considere oportunas contra los okupas, y si alguno de ellos es un indigente, solicitará la intervención de los Servicios Sociales.
