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martes | 16 abril | 2024
La directora general de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la Xunta, María Cruz Ferreira, envió ayer una carta a la concejala de Medio Ambiente, María García, en la que argumentaba las razones jurídicas por las que debe ser el Ayuntamiento el que se encargue de sellar los depósitos de rechazos de la planta de Nostián, que gestiona la concesionaria Albada, con el objetivo de zanjar de una vez por todas la discusión que mantienen ambas administraciones.
Según el escrito, el Gobierno local debe asumir esta responsabilidad de acuerdo con la legislación de régimen local, la sectorial en materia de residuos, y la normativa en materia de contratación pública. Primero, porque es la titular de las instalaciones y segundo, porque es la administración contratante, lo que le permitiría actuar de forma subsidiaria según las previsiones generales de la Lei 39/2015 sobre la ejecución de actos administrativos.
En anteriores intervenciones, la concejala de Medio Ambiente ha replicado que el Ayuntamiento no será propietaria de las instalaciones hasta que termine la concesión de Nostián y reviertan al Ayuntamiento. Además, sostiene que las competencias en esta clase de industrias (IPPC) pertenecen a la Xunta, como prueba el hecho de que la Consellería de Medio Ambiente multara recientemente a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Albada con 60.000 euros por no cerrar el depósito de rechazos. Pero la directora general de Calidade Ambiental insiste: la Xunta ha hecho todo lo que podía en el marco de sus competencias y corresponde al Ayuntamiento, en calidad de titular del servicio, buscar una solución: “Non pode nin debe eludir a súa responsabilidade”.
Un millón de metros cúbicos
En realidad, el problema se remonta a mucho tiempo atrás: el primer vaso de rechazos (material que no puede ser reciclado) se llenó en 2001, solo un año después de comenzar a recibir desperdicios. Y los otros dos vasos de rechazos llegaron al máximo de su capacidad en el año 2007, cuando ya acumulaba una cantidad de 1,18 millones de metros cúbicos de materia inorgánica.
El motivo de que a estas alturas, estos depósitos llenos de desperdicios sigan siendo un problema medioambiental grave (como reconoció recientemente la concejala) es que cerrar el depósito de basuras tiene un coste estimado de 3,5 millones de euros y el Gobierno local considera que debería asumirlo la UTE, mientras que la empresa de reciclaje sostiene que los fondos para el “proyecto del sellado de las celdas 2 y 3 del depósito controlado de residuos sólidos urbanos en Nostián” deberían salir de las arcas municipales. Sin embargo, su argumentación fue rechazada cuando llegó a los tribunales.
