La Xunta abre expediente a cuatro de sus inquilinos de Novo Mesoiro

Tras la reunión que mantuvo ayer con responsables de la Xunta y el Ayuntamiento, la comunidad de propietarios de los números 15, 17, 19 y 21 de la calle Ribeira Sacra, en el barrio de Novo Mesoiro, mostró su satisfacción por cómo se está solucionando el problema de convivencia generado en el edificio por inquilinos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y okupas indeseables. El delegado territorial de la Xunta, Diego Calvo, explicó ayer que, además de los cuatro expedientes de desahucio que se habían tramitado contra otros tantos okupas, también existen cuatro expedientes en curso contra inquilinos del IGVS.
 Los afectados llevan años denunciando suciedad en las zonas comunes, actos vandálicos, robos, tráfico de drogas a pequeña escala y amenazas. Diego Calvo señaló que cada situación es particular,y que todo tendrá que ser estudiado caso por caso: “É verdade que hai denuncias por parte da comunidad de veciños e algún veciño contra inquilinos e o que se fai é abrir expedientes correspondentes e reunir probas e información”. 
Por otro lado, el delegado provincial del Gobierno autonómico quiso enviar un mensaje tranquilizador a los vecinos: “A Xunta vai tomar cartas no asunto para que este edificio sexa un lugar tranquilo para vivir”. Junto a él se encontraban además los concejales de Regeneración Urbana y Justicia Social, Xiao Varela y Silvia Cameán, así como el presidente de la problemática comunidad de 160 viviendas, Francisco Mañana, que mostró su satisfacción por como se había desarrollado la reunión: “La comunidad de propietarios está contenta. El bajo que teníamos ahí lo han arreglado todo, así como los daños provocados por un incendio. Las decisiones van de acuerdo a lo que nosotros queremos, así que la cuestión queda en manos de la Xunta y el Ayuntamiento, como debe ser”.   
Respecto a la parte municipal, la concejala de Justicia Social recordó que se habían comprometido a elaborar un informe detallado de la situación de cada una de las familias cuya permanencia en ese inmueble está en cuestión, de cara a un traslado y a la labor de las trabajadoras sociales: “Poñemos os nosos recursos de servizos sociais a disposición da solución de este problema”. 
 Por el momento, no hay ningún plazo de resolución para los expedientes. La comisión provincial de vivenda se reunirá en las próximas semanas para estudiarlo, pero no existe un periodo legal y los trámites pueden alargarse dependiendo de las notificaciones. Por su parte, el concejal de Regeneración Urbana advirtió contra la tentación de criminalizar a un colectivo. “O importante é que, máis alá da criminalización e da sanción, se planteen solucións”.