“Es algo a lo que no encuentro sentido”, concluyó Francisco Piñeiro después de reunirse con responsables de la Concejalía de Urbanismo. Piñeiro es el yerno del Manuel Ramallo, el hombre de 86 años que aún reside en los terrenos del Parque Ofimático y al que el Ayuntamiento ha advertido que debe abandonar su hogar el 31 de este mes, o será desalojado por la fuerza. Sin embargo, en la orden de desalojo que se le entregó no figura su nombre, sino el de María Canzobre Teijido, y la parcela 270, que tampoco es la suya. Por eso Piñeiro considera que el desalojo sería ilegal.
Sea como sea, el Ayuntamiento sigue poniendo el día 31 como fecha límite, y quiere que antes de que expire el plazo la oposición muestre su apoyo al plan de José Luis Meilán Gil –mediador en el conflicto– para llegar a un acuerdo con las doce familias, muchas de ellas de jubilados, que resisten en sus propiedades del Parque Ofimático. El concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, señaló la semana pasada que si PSOE, BNG y EU no prestan su apoyo político al gobierno local en este plan, no podrán luego protestar por las medidas que se tomen, en una velada referencia al desalojo.
El catedrático Meilán Gil, a instancias del Ayuntamiento, esbozó un plan para remediarlo. Consiste en que la Empresa Municipal de Viviendas, Servicios y Actividades (Emvsa) compre los derechos de los expropiados sobre el terreno. Esto es posible porque tras expropiárseles, se les convirtió en “promotores a la fuerza”, como se describen los propios afectados: se les dio terrenos para que levantaran sus casas en la nueva urbanización y una compensación económica (insuficiente para construir). Con el plan de Meilán Gil es el gobierno local quien construye los pisos y entrega a los antiguos dueños las viviendas que les corresponden por el valor del suelo.

negociaciones
La tercera parte en discordia, los cooperativistas que aguardan a que el suelo esté desocupado para poder construir sus cosas, están de acuerdo también con el plan, lo que ha permitido a Prado cargar contra la oposición por no apoyar un plan que solucionaría un problema que, como él recuerda, se gestó durante la etapa socialista. “Nosotros seguiremos negociando para encontrar una solución”, había prometido Prado. Pero también en estas negociaciones han chocado con obstáculos.
Y es que los responsables de Urbanismo ofrecieron ayer a Ramallo entregarle los 56.000 euros en metálico que le restan de la indemnización que recibió por su casa. En un principio le correspondían 81.000 euros, que se le retuvieron para destinarlos al pago de las cuotas de urbanización, de las que abonó dos. Su yerno, Piñeiro, se muestra desconcertado por esta nueva oferta de Urbanismo. “Mi suegro va a tener que seguir pagando las cuotas. Eso no soluciona su problema ”. Ramallo, un hombre de 86 años y analfabeto, jura que no piensa marcharse de la casa que construyó él mismo hasta que “tiren la última piedra”.