Más de 40 vecinos denuncian a la Xunta por la supresión de su ayuda hipotecaria

Al final han cumplido su amenaza de acudir a la vía del contencioso-administrativo. Más de 40 vecinos de Novo Mesoiro han presentado denuncias contra la Xunta por suprimir sus ayudas a la hipoteca ateniendo a un decreto-ley estatal que hablaba de un solo plan en concreto. Además, la plataforma de afectados se ha unido a una coordinadora nacional para realizar protestas conjuntas con damnificados de otras zonas del país.
La justicia ya tramita las denuncias de varios coruñeses residentes en Novo Mesoiro que desde julio han ido presentando sus denuncias por la negativa del Ejecutivo autonómico a renovar sus subvenciones para pagar las hipotecas de viviendas de protección pese a seguir cumpliendo los requisitos. “De momento presentáronse 29 por un lado e 12 por outro porque depende do Plan de Vivenda no que estivesen inseridos os afectados”, comenta Xosé Aller, uno de los responsables de la asociación vecinal del barrio que es, a su vez, uno de los afectados por la retirada de los pagos estatales.
No obstante, más ciudadanos están en otras fases del proceso por lo que Aller avanza que “iránse presentando máis denuncias”. De hecho, muchos de los residentes en los edificios del entorno todavía no saben que se les retirará la ayuda administrativa dado que esta requiere de una renovación a los cinco años de ser concedida. Se calcula que en el barrio podría haber unas 300 familias afectadas al año por la entrada en vigor de un decreto-ley en 2012 relativo al plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que indica que “quedan suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos” y “aquellas solicitudes que estén en tramitación y no hayan sido objeto de concesión”.
Desde un primer momento la asociación acusó a la Xunta de utilizar el artículo “para denegar todas las ayudas sean del plan que sean”. A aquellos que se le llegaron a aprobar no se le ingresan y hay un tercer supuesto por el cual el banco reclama ahora las cuotas mensuales a algunas personas a las que la Administración le pagó en su momento.
Por ello, además de recurrir a los juzgados, la plataforma de afectados constituida en el barrio –que todavía está informando a muchos vecinos de la situación– “integrouse nunha xestora a nivel do Estado para facer cousas conxuntas”.
El objetivo a partir de septiembre será dar mayor visibilidad al problema, algo en lo que llevan la delantera en la Comunidad Valenciana o incluso Vigo, que tiene su plataforma desde finales del año pasado. n