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viernes | 19 abril | 2024
El secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UGC), se sentó ayer en una sala de la sede de UGT totalmente solo. “He tenido que venir desde Madrid porque a los compañeros de aquí les han dicho que si comparecen, les expedientan”, declaró rotundo. Denuncia que es una práctica corriente en el destacamento de la Agrupación Civil de Tráfico de Perillo, el único de toda España con 15 agentes a los que se les ha abierto un expediente de preaviso advirtiéndoles de que deben cumplir con su cuota de multas, que a día de hoy es de 28 al mes. La media se sitúa en cuatro casos cada dos o tres meses en cada comunidad autónoma, pero los quince expedientes de aquí fueron abiertos en solo un mes.
Los documentos venían firmados por el capitán jefe del subsector, Juan José Rodríguez, “al objeto de exhortarle a mejorar su rendimiento individual”. Si se repite la situación este mismo mes, los guardias corren el peligro de que se les retire el plus de productividad, “lo que puede significar la pérdida de 200 euros al mes para gente que son padres de familia. Y sin embargo, muchos de ellos se están negando a hacerlo, porque consideran que se está usando a la Guardia Civil para recaudar dinero, y no para servir al público en la carretera, que es para lo que está”, denuncia Mato.
También explicó que no se trata de que el agente en cuestión haya realizado menos horas que sus compañeros o recorrido menos kilómetros en cumplimiento de su deber, sino que, simplemente, no ha conseguido tantas denuncias como desean los mandos. “Hay uno de ellos que tiene tres veces más auxilios en carretera que la media, pero eso no importa, porque los mandos lo único que miran es si el agente ha cumplido con las multas”. La presión de los mandos se deja sentir también de otra manera: a cinco de los expedientados también se les ha abierto otro expediente por faltas como no llevar la gorra puesta en un momento dado o no tener la barba bien arreglada lo que, para Mato, “resulta sospechoso”.
Nevera > A pesar de todo, los agentes de Perillo consiguen firmar muchas denuncias, incluido un gran número de alcoholemias que son fruto de los más de 600 controles que se practican cada mes, según cifras de la asociación profesional. Antes de que comenzar la presión para practicar test la cifra no llegaba a la mitad, pero desde entonces, los agentes siguen practicando los exámenes hasta agotar las boquillas de los alcoholímetros. Otra cosa es lo que sucede cuando se hace una prueba de sangre para medir el nivel de alcohol: según denunció Mato, la nevera del cuartel de Perillo donde se guardan las muestras de sangre de las pruebas de alcoholemia “está en un garaje, sin ninguna medida de seguridad. Es la misma nevera en la que la gente guarda los bocadillos”.
Como no se puede garantizar que las muestras de sangre no se hayan manipulado, eso invalida todas las pruebas desde hace cinco años. UGC calcula que se podría estar hablando de un millar de juicios nulos. Lo que ocurre aquí es que se ha roto la cadena de custodia, y lo único que se ha hecho es poner una nevera nueva con un candado, que no sirve de nada sin un procedimiento de seguridad”, insiste Mato, que afirma que la asociación que encabeza advirtió a la Comandancia de estas deficiencias sin que hubiera ninguna respuesta hasta que se denunció públicamente.
De hecho, la “falta de comunicación y respeto” que muestran los mandos a los subalternos es una de las quejas que tiene UGC, cuyo secretario general acusa a la cúpula del Instituto Armado de tener una mentalidad “preconstitucional”. “Alguno de ellos añora cómo eran las cosas antes del 75, y les aconsejaríamos que se fueran de España a alguna república bananera”, propuso Mato, que recordó que en Pontevedra hay un oficial con seis denuncias por abuso de autoridad y otros investigados en los casos “Carioca” y “Campeón”: “Nosotros, como los del 15-M, estamos indignados”.
