11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El juzgado de instrucción 1 investiga la denuncia de una exprofesora interina sustituta de la facultad de Sociología contra tres miembros de la Universidad por el “bullying” y “moving” a los que, según la docente, fue sometida desde el año 2009 a raíz de su recurso contra la adjudicación de dos plazas de profesor.
“A raíz de esto se me quitó el despacho, internet y mis codirectores de tesis renunciaron sin ningún argumento”, expone la denunciante, Romina Prado, que lleva más de tres años inmersa en procedimientos –primero administrativo y ahora penal– y que asegura que el acoso al que fue sometida, además de interrumpir su doctorado, ha tenido consecuencias en su vida laboral y en su salud. Es por eso que habla de “bullying” , pese a ser consciente de que el término se asocia al acoso escolar.
La denunciante afirma que el centro docente destruyó pruebas de sus irregularidades
El impulso a su procedimiento judicial viene motivado por un auto en el que la Audiencia Provincial ordena investigar aquel trámite de adjudicación de plazas que impugnó Prado en 2009, así como las “vicisitudes posteriores relacionadas con la reclamación de la interesada”, a fin de lograr “una correcta depuración de los hechos”.
La joven, premio nacional de fin de carrera en 2006, llevó el caso a la justicia en julio de 2010, después de sufrir un internamiento hospitalario de una semana causado, afirma, por los nervios derivados del acoso al que fue sometida durante meses en su facultad, después de solicitar una revisión de las puntuaciones y méritos del concurso para las plazas de profesor. Antes, ya había denunciado las “presiones” a las que se estaba viendo sometida ante el rector, sin respuesta.
Un año más tarde, el juez que entonces dirigía la instrucción sobreseía el caso y ordenaba su archivo, al no apreciar en la actuación de la administración “carácter delictivo”. Por su parte, la Audiencia revocaba hace unos meses esa decisión del juez, al considerar que esta fue adoptada “sin haberse practicado ninguna diligencia de investigación”, y llamaba a la práctica de esas pesquisas.
denegadas
Así lo ha hecho la nueva jueza pero, según denuncia Prado, su investigación se topa con un nuevo escollo, al requerir a la Universidad para que muestre los expedientes de los aspirante a aquellas plazas, unas copias que a ella le fueron denegadas en su momento. “La Universidad alega que la documentación fue destruida después de seis meses de la finalización del procedimiento”, se queja la denunciante, que mantiene que en esos documentos se demostraba que hubo “falsedad documental”.
La docente se ha personado como acusación particular en el proceso contra sus exdirectores de tesis y el jefe de departamento y asegura que agotará todas las vías que sean necesarias en el proceso contra la Universidad, para “limpiar su nombre”.
