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viernes | 19 abril | 2024
El interventor desestimó trece de las catorce alegaciones presentadas al proyecto de presupuesto, aprobado inicialmente. En su informe solo estima parcialmente una de las reclamaciones realizadas por el Partido Socialista referente a las ayudas municipales al transporte colectivo de viajeros.
El Gobierno municipal había destinado una partida de 8,25 millones para afrontar la subvención al precio del transporte colectivo, pero el interventor considera preceptivo añadirle 1,6 millones de euros para cumplir con las obligaciones líquidas vencidas, referentes al ejercicio de 2016.
Aunque los socialistas apuntaban en su propuesta a retirar fondos de partidas destinadas a publicidad y a la contratación de servicios externos, en el informe se detalla que la mayor parte, un millón, saldrá de los fondos para la reparación, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes. El resto se toma principalmente del fondo de contingencia, de la partida para sumideros y de estudios y trabajos sobre iluminación pública.
Esta es la única alegación estimada en un informe que el lunes se enfrentará a la Comisión de Hacienda, paso previo a la visita al salón de plenos. Aunque la mayoría fueron descartadas por no ser deberes vencidos líquidos o insuficiencia manifiesta de crédito para gastos, el interventor hizo mayor reparo en algunas.
Así, el PP pedía incrementar en 400.000 la partida de bibliotecas para asegurar el pago del servicio durante todo el año. Sin embargo, como el mismo carece de contrato desde el pasado mes de noviembre y las facturas se pagan con reparo de legalidad, no existe título jurídico que ampare el gasto, dice el interventor. Además, explica que si llega el momento en el que se agote el crédito de la partida, el servicio debería dejar de prestarse para no incurrir en gasto sin crédito.
Sin manifiesta insuficiencia
El PP también pidió la reducción en cuatro millones de las previsiones por ingresos del reparto de dividendos y reservas de Emalcsa, pero el informe aclara que “no se da de forma clara el supuesto de manifiesta insuficiencia de ingresos” que es necesario.
El mismo razonamiento es esgrimido para rechazar la reducción de 4,25 millones en la previsiones de ingresos por tributos como el IBI, el ICIO y las tasas por licencias urbanísticas pedida por el Partido Socialista.
