El Gobierno local continua su conflicto con las empresas de ayuda a domicilio

El servicio municipal de ayuda a domicilio se encarga de proporcionar asistencia a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. Este servicio, considerado “clave” por la concejala de Justicia Social, Silvia Cameán, se mantiene en constantes conflictos con las empresas concesionarias, a las el Gobierno de la Marea Atlántica acusa de mala praxis y a las que ha impuesto sanciones por infracciones leves y graves. Es el caso de Clece, que ha querido dejar de prestar ese servicio por considerar que ya no le era rentable a pesar de tener un importe de más de un millón de euros. Sin embargo, la junta local aprobará hoy obligar a esta empresa a prorrogar sus servicios, al considerarse vital, hasta noviembre para ganar tiempo mientras elige una nueva concesionaria que tome el relevo. 
Pero el Gobierno local ha estado batallando constantemente no solo con Clece, sino con Eulen o Ingesan, empresas que prestan este servicio en sus diferentes modalidades. Cameán les acusa tanto de deficiencias en el servicio como de incumplimiento de la legislación contra sus trabajadoras pero no ha podido evitar que surjan contradicciones en su gestión. Por ejemplo: Clece dejará de prestar el servicio de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD 3) en noviembre, pero en marzo de este mismo año ganó el concurso del SAD 2, de 580.000 euros. 
Desde el BNG señalan que la mayor parte de estas empresas son filiales de grandes multinacionales que se dedican a los servicios múltiples. Es decir, que la mayor parte de ellos no están especializados a la ayuda a dependientes. Simplemente aprovechan la bolsa de oportunidades que les ofrecen los servicios sociales de los municipios. 
Hasta 1.200 beneficiarios 
Según los datos de la Concejalía de Justicia Social, 413 personas se benefician del SAD dependencia y 787 del SAD básico, que se diferencian sobre todo en el número de horas que cubre esa asistencia. Todas esas personas dependen de un personal formado casi totalmente por mujeres que se ven sometidas a condiciones de trabajo precarias, y que han protagonizado muchas protestas ante el palacio municipal. 
Además de los sueldos, se ven obligadas a estar disponibles en horarios incompatibles con la conciliación, y a veces se encuentran con que o las necesitan en el último momento. CCOO tachó de “situación de esclavitud” la que sufren las trabajadoras de Clece.
Sin embargo, esta misma empresa consiguió hacerse con una nueva concesión en marzo (la del SAD 2). Según la concejala Avia Veira, la razón es la falta de contundencia del Gobierno local. La forma adecuada de actuar, según la concejala de la oposición, sería dirigirse a Facenda para que inhabilitara a estas empresas. Al no hacerlo, se ve obligada a admitirlas en el concurso público.
Sin remunicipalización 
La Concejalía de Servicios Sociales tampoco se plantea de momento remunicipalizar esos servicios. Atrás queda la reclamación que hacia en 2015 Silvia Caemán, antes de entrar en María Pita, de crear el EMAD (Equipo Municipal de Atención Domiciliaria á Dependencia). “Necesitamos traballar para instaurar un control social sobre os servizos públicos, antepoñendo a satisfacción dos dereitos da cidadanía aos negocios”, decía entonces.
Uno de los principales motivos por los que la remunicipalización, pese a encontrarse en el ideario de la Marea Atlántica, no se va a llevar al a práctica es el gran número de personas que contratan estas empresas: cerca de 90 mujeres. Por esta causa, el Servicio de Ayuda a Domicilio parece abocado a desarrollarse en medio del conflicto y la inestabilidad.

“Los auxiliares se cambian cada día, y van o no van”, denunciaba una usuaria ya en 2016 

El Gobierno de Xulio Ferreiro lleva recibiendo quejas de los usuarios del SAD prácticamente desde que comenzó el mandato. En el primer “Dillo ti”, celebrado en el centro cívico de San Diego, una mujer tomó el micrófono para denunciar a una de las concesionarias del servicio porque “los auxiliares cada día se cambian, y van o o no van”... 
Cameán reconocía que tenía un dossier en su poder lleno de incumplimientos, “mesmo casos nos que non estaban asistindo os fogares, o cal é sumamente grave”. Ante esta situación, la concejala intentó arreglar las cosas: “Chamámolos, tivemos unha xuntanza cos representantes sobre as condicións laborais das traballadoras que están esas empresas e démoslles un prazo para que o arranxaran”. Después vinieron las sanciones pero, como señalan desde la oposición, estas empresas son solo una parte de enromes multinacionales  que pueden asumir las multas sin problemas. Aunque destacan que la profesionalidad de las trabajadores está fuera de toda duda, las empresas han llegado a incumplir muchas condiciones, como las que se refieren al equipamiento o las subrogaciones. l