Tres exempleados de Santa Bárbara declaran ante el juez por impedir la salida de maquinaria

Tres exempleados de Santa Bárbara declaran ante el juez por impedir la salida de maquinaria
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Tres de los cinco trabajadores despedidos de la Fábrica de Armas de A Coruña que han sido llamados a declarar en el Juzgado de Instrucción número dos de A Coruña en calidad de imputados comparecieron ayer ante el juez por tres presuntos delitos tras una querella de la compañía General Dynamics.
Los cinco querellados están imputados por los presuntos delitos de coacciones, usurpación y contra el orden público por constituir financiar o integrar un grupo criminal.
La multinacional General Dynamics decidió cerrar la factoría coruñesa de Santa Bárbara en junio de 2013 cuando dio a los empleados dos opciones: bajas incentivadas o despidos.
Fueron 61 los que decidieron no marcharse y se encerraron hasta marzo de este mismo año en las instalaciones mientras buscaban que volviese a haber actividad industrial, algo que al final ocurrió.
La empresa se querelló contra cinco de ellos por la negativa a marcharse y por impedir, presuntamente, que la maquinaria saliese de la Fábrica de Armas.
Después de muchos meses de encierro, la compañía cedió las instalaciones a Defensa, que era el dueño original, y este planteó un concurso público para reiniciar la actividad industrial.
Fue el día 8 de ese mismo mes cuando General Dynamics decidió retirar la querella contra estos cinco responsables sindicales entre ellos el presidente del antiguo comité de empresa, Roberto Teijido.
“En septiembre, coincidiendo con la adjudicación del concurso, la Fiscalía retomó la querella y por eso nos llaman a declarar ahora”, explica Teijido.
Fuentes judiciales detallaron que, aunque consta la renuncia de General Dynamics, la Fiscalía continúa con el proceso, porque representa a los intereses generales y en este caso la compañía hubiera sido acusación particular. Tres de los cinco han pasado por el Juzgado de Instrucción número dos de A Coruña para relatar lo que sucedió entonces y será el juez quien decida si archiva el caso o abre juicio oral contra ellos.
“Explicamos que lo que dice la querella no es cierto. Nosotros actuamos considerando que teníamos derechos legales para intentar que la fábrica no se desmantelase. Si eso se hacía, recuperar la actividad industrial hubiera sido imposible”, añade Teijido.
Durante las tres horas en que han declarado ante el juez, el resto de compañeros se han concentrado en el exterior del edificio de los juzgados en solidaridad con los cinco querellados.
Estos trabajadores llevan más de un año con movilizaciones continuas para tener un proyecto solvente en la Fábrica de Armas y, desde septiembre, denuncian que el que plantea ahora Hércules de Armamento podría no cumplir todos los requisitos.

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