El Ofimático cubre otra etapa con el derribo de cuatro casas

 Las obras del Parque Ofimático siguen avanzando, aunque sea a un ritmo más lento de lo que les gustaría a los cooperativistas. Según informó la Concejalía de Infraestructuras, que dirige Martín Fernández Prado, entre hoy y ayer se demolieron cuatro viviendas más que afectan al núcleo central de la urbanización, lo que el Ayuntamiento entiende como un fruto más el contacto permanente con todas las partes implicadas en el el polémico proyecto.

De las 64 viviendas y galpones que se levantaban sobre el terreno, se ha demolido 39, un 61%. Las cinco últimas viviendas se derribaron la semana pasada. De las 25 restantes, 18 son familias que viven en el entorno del colegio Maristas y el otro lado de Alfonso Molina y que son “compatibles con la ejecución del proyecto”. Quedan siete propietarios, con los que Fernández Prado afirma que mantiene un diálogo constante “lo que ha permitido que la mayoría de los residentes en los terrenos sobre los que se construye el Parque Ofimático hayan aceptado su desalojo”.

Cuando el actual ejecutivo llegó al poder, decidió paralizar los trámites para la construcción de las viviendas porque consideraba que no existía suficiente “seguridad jurídica” para el proyecto, lo que generó una gran polémica entre los cooperativistas, que ya habían tenido que soportar bastantes retrasos. Ahora, el edil considera que esa seguridad jurídica ya existe.

De ahí que se haya avanzado en las obras con la inscripción de las fincas en el registro de la propiedad, el giro y cobro de las primeras cuotas a los propietarios, la indemnización a las personas con derechos en el ámbito, la demolición de gran parte de las construcciones y el poder negociar con los realojados dentro del ámbito y poner en marcha las obras. No es de la misma opinión el principal grupo de la oposición, el socialista, que acusa al Ayuntamiento de llevar las obras “al ralentí”.

De hecho el PSOE siempre recuerda que los cooperativistas acusaron al Ayuntamiento de estar bloqueando el proyecto premeditadamente para favorecer a la Xunta, mientras esta última no resuelve el proceso de reversión a los propietarios originales. Lo cierto es que el estallido de la burbuja inmobiliaria suscitó muchas dudas en torno a un proyecto que, de repente, ya no se consideraba rentable.