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jueves | 25 abril | 2024
La noticia de que la Subdelegación del Gobierno ha abierto un expediente de sanción a un bombero y a tres políticos por lo sucesos que rodearon al intento de desalojo de Aurelia Rey, la anciana de Padre Feijóo, en febrero pasado, ha generado distintas reacciones en los interesados.
Dentro del cuerpo de Bomberos, se considera que el expediente que se la abre a su compañero no pasa de ser un castigo menor, porque no se centra en que se negase a cortar la cadena que cerraba el portal de Aurelia Rey, sino en que, al retirarse, alzó en la mano un cartel de Stop Desahucios, cometiendo una alteración del orden público.
Eso implica una infracción administrativa castigada con una multa de 600, que podría rebajarse según las alegaciones que se presenten.
Nada que ver con las consecuencias que tendría que afrontar si se le acusara de desacato a la orden judicial de desalojo, que es lo que hizo al no colaborar con la Policía Nacional y cortar con la sierra radial la cadena de la puerta con la que los activistas de Stop Desahucios se resistían a dejar entrar a la autoridad.
jorquera, perplejo
Por su parte, los cargos políticos que formaban parte de la manifestación y que se resistieron activamente al desahucio interponiéndose en el camino de los antidisturbios, reaccionaron de distinta manera al enterarse de la noticia.
El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, que estaba junto con su compañero de partido y portavoz municipal, Xosé Manuel Carril, se declaró “perplexo” y aseguró sentirse muy orgulloso de contribuir a impedir que una octogenaria acabase en la calle. En todo caso, matizó que ni él ni Carril han recibido ningún comunicado de la Subdelegación del Gobierno informándoles de este expediente.
En términos parecidos se expresó el concejal de EU, César Santiso, que acusó a las autoridades de “vulnerar os nosos dereitos” y se ratificó en que había hecho lo correcto.
Consideró la apertura del expediente como una muestra de la manera en que funcionan los poderes públicos “sanciónannos por estar a defender un dereito constitucional” como es el de acceso a una vivienda.
