Crespo reconoce que se lucró de las subvenciones para formación

Crespo reconoce que se lucró de las subvenciones para formación
eco03. madrid, 12/03/2012.- el presidente del gobierno, mariano rajoy (c); el ministro de hacienda, cristóbal montoro (i), y la vicepresidenta soraya sáenz de santamaría (d), posan en la entrada de la moncloa hoy, lunes, 12 de marzo d

El empresario coruñés Gerardo Crespo, presidente de la consultoría Azetanet y de las empresas Fundefo y AED, está siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por un supuesto fraude en la organización de cursos de formación subvencionados por la Consellería de Traballo e Benestar y de falsedad documental. Él lo llama “linchamiento”, según repitió en varias entrevistas a lo largo del día.

También reconoció que los proyectos de formación que tenía en marcha habían sido paralizados por Traballo después de una inspección que había tenido lugar en marzo: “Con una visita de un día no puedes paralizar proyectos de un año, aunque esa visita no sea muy afortunada. Lo hicieron, revocaron esos proyectos”. Sin embargo, poco después volvían a estar en marcha, porque la consellería no podía actuar sin pruebas, de manera que enviaron toda la documentación pertinente a la Fiscalía.

“No entiendo por qué”, insistió Crespo. El empresario asegura que el informe que se envió a la Fiscalía “es una tontería”. Ahora bien: él mismo reconoce que la investigación arrancó mucho antes, y que ha estado sometido a una estrecha vigilancia que incluye escuchas telefónicas durante bastante tiempo. “Los agentes hablaban de personas que no son de la empresa, con nombres y apellidos”. El dueño de Azetanet aclaró que nada de lo que pudieron averiguar los agentes a través de estas escuchas es importante “pero para saberlas tuvieron que pinchar los teléfonos fijos y móviles de toda la empresa. No sé hasta qué punto somos un país libre”.

El miércoles los agentes irrumpieron en dos oficinas pertenecientes al empresario Gerardo Crespo: “Me han hecho daño, por el registro y la incautación de toda la documentación acreditativa”. Según Crespo, sin ese material no le es posible a la empresa seguir trabajando: “Voy a hablar con los abogados para iniciar un concurso de acreedores rápido, porque si no puedo trabajar y no tengo los medios, lo primero que están haciendo es cargarse mi empresa, porque ahora no está en una situación boyante. Nadie lo está en una época de crisis”.

 

Subvenciones > Lo cierto es que las autoridades debían tener sospechas sobre la gestión de Crespo desde hacía bastante tiempo, porque él mismo reconoce que el flujo de subvenciones para cursos había disminuido mucho en los últimos dos años. “El sector en el que yo trabajo, el de política social de empleo, tiene un defecto: se rige por subvenciones y no por un contrato de servicios”. Eso significa que el curso debe hacerse, teóricamente, sin ganar dinero, de ahí que los impartan entidades sin ánimo de lucro. En el caso de Crespo, las clases no las daba directamente Azetanet. que es el nombre del grupo empresarial, sino la Fundación para el Desarrollo de la Formación y la Empleabilidad (Fundefo) y la Asociación de Empresarios Discapacitados (AED).

“Que se paguen con subvenciones implica que no se puede ganar dinero en nada. Y todas las empresas que están en este sector están ganando dinero y, además, es lógico”, manifestó Crespo. Pero eso complica la burocracia, el papeleo y deja “lagunas abiertas”. Crespo aclaró que “si me van a acusar de esas lagunas es una injusticia, porque no son mías, sino del sector”. A pesar de las limitaciones que ofrece el sistema de subvenciones, no cabe duda de que el empresario tiene habilidad para conseguir fondos públicos. Según sus propios cálculos, llegó a hacerse con 7 millones de euros durante el mandato del bipartito. Hay que tener en cuenta que no todo el dinero va íntegramente al a formación, sino solo el 80%: el 20% restante corresponde a gastos de organización.

En realidad, lo que ha puesto al empresario en el punto de mira de la Brigada de Delincuencia Económica es la falta de información sobre el número de alumnos que habían asistido a las actividades, sobre el personal supuestamente cualificado que había impartido los talleres, y sobre los incumplimientos en las directrices del programa. Los investigadores examinaron hasta 26 entidades que habían prestado sus servicios en cursos de formación antes de fijarse en las dos (Fundefo y AED) que pertenecen a Crespo.

 

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