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lunes | 6 mayo | 2024
Los activistas del movimiento Stop Desahucios acudieron ayer a los juzgados para presentar una autoinculpación colectiva en la que se declaran partícipes de los hechos ocurridos el 18 de febrero, durante la protesta contra el desalojo de Aurelia Rey de su casa de Padre Feijoo. En total, se han presentado 60 autoinculpaciones como muestra de solidaridad hacia sus tres compañeros contra los que el juzgado de instrucción número 3 abrió diligencias el pasado 7 de marzo por un delito de desobediencia a la autoridad.
De esta manera, pretenden también protestar contra “la falta de rigor de los hechos denunciados”, como lo definió el portavoz de Stop Desahucios en A Coruña, Joaquín Díaz, Según confirmaron desde la plataforma, los tres implicados no cuentan con antecedentes penales y nunca habían tenido problemas judiciales pero, por esta denuncia, podrían enfrentarse al pago de una sanción que va desde los 50 a los 300 euros. Desde Stop Desahucios están convencidos de que las autoridades pretenden bucar la criminalización de este movimiento y, dado que “Todos hemos cometido el mismo delito que las personas denunciadas”, han decidido autoinculparse.
fines políticos
Díaz considera que las denuncias “expresan a las claras los fines políticos de las mismas” porque, por el momento, no se han emprendido acciones contra el bombero que se negó a cortar la cadena del portal del inmueble donde reside Aurelia Rey, ni contra los concejales del Bloque y Esquerda Unida, Xosé Manuel Carril y César Santiso, que también estuvieron involucrados en los incidentes registrados durante la protesta en la que participaron más de 200 personas, así como el diputado Francisco Jorquera. Para los activistas, está claro que no quieren que este suceso tenga repercusiones políticas o que afecte el funcionamiento de los servicios de emergencia, dado que el Ayuntamiento no tomó medidas contra el bombero.
