9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
Tanto el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, como el de grupo Azetanet, Gerardo Crespo, pidieron ayer a través de sus representantes legales que se les devuelva la documentación, tanto en papel como los discos duros de los ordenadores, que les incautó la semana pasada la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el transcurso de la investigación sobre un posible fraude en la gestión de un paquete de cursos de formación subvencionados por la Xunta.
Calviño aseguró sentirse ofendido por el hecho de que los agentes registraran su domicilio particular y señaló que, de haber algún “error” que justificara la actuación policial lo habría cometido Azetanet, dado que era esta empresa la que impartía los cursos.
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, confirmó el lunes que se está investigando a cinco entidades por este motivo. Dos de ellas, Azetanet y la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo) pertenecen a Crespo. Las otras tres (asociación provincial de hostelería, sindicato USO y Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) lo están porque contrataron los cursos, cuya subvención habían captado de la Xunta, a Azetanet. Mato no nombró a Caype en ningún momento, dado que la confederación hace un año que no percibe ninguna ayuda del Gobierno autonómico, pero la Policía Nacional entró también no solo en la sede de Caype, situada en la avenida del Ejército, sino también la casa de Calviño.
“Lo que ocurre aquí es que la Policía fue a Azetanet y vio que toda la documentación ponía ‘Caype’ así que luego vinieron aquí”, explica el presidente de la Confederación, que es el principal cliente de Azetanet. La confederación se encargaba de obtener fondos públicos, pero no de la Xunta, sino de la Fundación Tripartita, dependiente del Ministerio de Trabajo, y luego subcontrataba los cursos a la empresa de Gerardo Crespo. De ahí que Calviño sostenga que, si losa gentes de la UDEF descubren alguna irregularidad, esta sea responsabilidad de aquel, aunque defendió su derecho a cometer errores: “Solo se equivoca el que no hace nada, y estamos hablando de una empresa muy grande, con 60 empleos directos”. De hecho, la única empresa gallega del sector comparable a Azetanet es Femxa, con la que Feaga contrata la mayoría de los cursos. Si en esta ocasión contrató a Azetanet fue por mediación de Calviño, que fue vicepresidente de la entidad.
Barbaridad > En lo que a él respecta, calificó de barbaridad las informaciones que apuntan a que Trabajo le reclama cerca de 1,6 millones de euros de los siete que Caype consiguió de la Fundación Tripartita en el periodo comprendido entre 2005 y 2009. Es cierto, reconoció, que la Confederación tiene que explicar como se gastaron 370.000 euros (la cifra que reclama la Xunta a las otras cinco entidades es de 170.000) pero matizó que eso solo significa que “al final, puede que tengamos que devolver 20.000 euros”.
Calviño siente que Caype está saliendo perjudicada aunque no se haya formulado ninguna acusación oficialmente: “La gente lee los periódicos y a nosotros nos va a resultar más difícil obtener fondos a partir de ahora.
