Con el caso “Pikachu” en su máximo apogeo, el Ayuntamiento mira de reojo la operación “Patos”, que estalló en Pontevedra y Ourense el martes, con el registro de 17 municipios. Porque si la primera operación investiga las concesiones de Vendex, la empresa que tiene contratos en la Casa de los Peces y Ágora, “Patos” investiga las adjudicaciones de Cespa, que en A Coruña es la concesionaria del servicio de recogida de basura. La investigación todavía no ha llevado a la Policía Nacional a recabar documentación de las oficinas del Ayuntamiento o de Cespa en A Coruña y el concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, declaró ayer que el gobierno local no enviará ningún contrato a las autoridades por iniciativa propia.
Es un cambio de actitud con respecto octubre del año pasado, cuando el gobierno local decidió remitir a Pilar de Lara, la jueza que investiga el caso “Pikachu”, una relación completa de todos los expedientes, contratos, con su importe y sus fechas de inicio y de finalización, así como todas las facturas, que estaban relacionadas con Grupo Vendex. El gobierno local aseguraba entonces que estaba dispuesto a abrir las puertas del palacio municipal  “de par en par” a la investigación y enviar cualquier otra documentación que la jueza requiriera. Nueve días después, De Lara les tomaba la palabra y enviaba por sorpresa a los agentes de Vigilancia Aduanera para llevarse varias cajas de documentación. Una visita que repitieron a principios de diciembre para volcar los datos de los ordenadores del teniente de alcalde, Julio Flores, y el socialista José Nogueira, que se han visto obligados a prestar declaración como imputados.
Pero Lorenzo señala que en esta ocasión el Ayuntamiento se limitará a cumplir el mandato judicial” y que se le entregará al juzgado número 7 de Vigo “como no puede ser de otra manera tratándose de una administración pública”.
Fuentes internas de Cespa parecen seguras de que la investigación del caso “Patos” llegará más tarde que temprano a la ciudad y desde la plantilla señalan que, un mes después de que el PP se hiciera con el Ayuntamiento, en la concesionaria del servicio de limpieza se contrataron a parientes de por lo menos dos de los ediles populares, lo que podría dar pie a sospechas de tráfico de influencias por parte de los investigadores de la Policía Nacional. Además, los trabajadores ya denunciaron en su día, en e marco de un conflicto laboral, que la dirección de Cespa no estaba cumpliendo las condiciones que estipulaba su pliego de contrato.