El Ayuntamiento no pagará los nueve millones de euros extra por La Marina

En medio de la polémica surgida después de que la UTE formada por Copasa y Civis Global, empresas constructoras, exigiera nueve millones de euros a la Autoridad Portuaria en concepto de sobrecostes por el túnel de La Marina, el Ayuntamiento se siente tranquilo porque tiene las espaldas cubiertas. O eso afirma el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, que recordó que en la firma de la puesta en servicio del túnel se especifica que recibir la obra “non supón a asunción de responsabilidades que deriven das relación entre a Autoridad Portuaria e as adxudicatarias da obra”. 
Eso no  ha impedido a Varela solicitar la puesta en marcha de una comisión de investigación que esclarezca todo lo que tiene que ver con la reclamación de la UTE, reclamación que el Puerto ha rechazado de plano, igual que ha rechazado las reclamaciones de la constructora, aunque ha accedido a dejar a los responsables municipales revisar toda la información que necesiten.

bajo coste y corto plazo
La constructora se había comprometido a realizar la obra con un presupuesto de 10,9 millones de euros, un precio considerablemente inferior al que figuraba en el importe de licitación, de 16,5 millones de euros. También rebajó el plazo estipulado para la finalización de la obra, de 15 a 13,5 meses, algo que resultó decisivo a la hora de adjudicarle el contrato. 
Las obras comenzaron el 13 de diciembre de 2013, lo que significa que habrían tenido que finalizar en enero de 2015, pero el Puerto señala que el plazo fue incumplido por Copasa, puesto que no se abrió hasta el 31 de marzo. Aunque fue recepcionado en diciembre por el Puerto, éste señala que el retraso acumulado llega a los once meses. Es decir, que tardó casi el doble de lo previsto inicialmente.  
La empresa alegó varias razones para la demora. Por ejemplo, problemas en el subsuelo, como el hallazgo de un lecho de roca en el punto en el que La Marina y O Parrote se unen o la aparición de canalizaciones que no figuraban en la documentación que le había entregado el Puerto, a pesar de que la obra se realizaba en terrenos de su propiedad. 
Pero además, también asegura que recibió presiones por parte del Gobierno local para acelerar las obras para que estuvieran listas antes del 24 de mayo de 2015, fecha de los últimos comicios municipales. Tal y como se desarrolló todo, los turnos de trabajo noche y día no sirvieron para acelerar la apertura, pero si para aumentar los costes, hasta casi duplicarlos de nuevo. 
Por eso el consejo de administración del Puerto también rechaza las pretensiones de Copasa. Y recuerdan que tienen un informe de la Abogacía del Estado que les respalda.