Aunque rechazando actuaciones a corto plazo, el alcalde, Carlos Negreira, abrió ayer la vía de las “dimisiones” en el seno de su gobierno como consecuencia de la investigación que desarrolla la magistrada Pilar de Lara desde Lugo para aclarar las conexiones supuestamente ilegales del grupo Vendex con el Ayuntamiento coruñés y otras administraciones locales gallegas. “Puede haber, cuando se releven los hechos, algún tipo de dimisión”, reconoció el regidor, que hasta la fecha se había negado a hablar de decisiones de este tipo en su equipo, a la vista de la imputación de su primer teniente de alcalde, Julio Flores, y de  los indicios que apuntan a irregularidades en varias concejalías, con especial incidencia en la de Cultura.
No obstante, Negreira postergó cualquier actuación en este sentido al momento en que “se cierre el sumario”. “La jueza lleva dos años de investigación;  no hay hechos probados y no ha concluido el sumario”, señaló, para aclarar que no tomará ninguna “decisión irreversible” para los miembros de su gobierno hasta que haya pruebas de actos delictivos dentro del Ayuntamiento.  

escuchas
A este respecto, el alcalde no quiso valorar las conversaciones intervenidas por Aduanas en el curso de la investigación que muestran la relación entre Julio Flores y el delegado en Galicia de Vendex. José María Tutor, la figura sobre la que recae el peso de las actuaciones. “Tengo por costumbre no escuchar nada de eso (...) Las escuchas corresponden al ámbito judicial”, alegó, admitiendo que tiene un “conocimiento cabal” sobre el curso de la investigación.
En lo que sí incidió Negreira es en el trato recibido por las filiales de Vendex desde la entrada de los populares en el gobierno coruñés. “Desde 2011, la empresa ha perdido un 71% de los contratos y un 32% de la facturación”, informó, para recordar que el grueso de las adjudicaciones al conglomerado empresarial objeto de la investigación se concedieron en la etapa socialista.
La jueza, no obstante, ha centrado sus pesquisas en los vínculos de Tutor y sus empresas con funcionarios, trabajadores y cargos públicos durante los últimos tres años, cuando ya el Ayuntamiento estaba en manos de los conservadores. De las investigaciones concluye la jueza que Vendex pudo obtener tratos de favor de la administración local a cambio de regalos, colocación de amigos y familiares y pagos irregulares, que posteriormente se cobraba en forma de información privilegiada para la obtención de concesiones. Hasta la fecha, la instrucción ha costado en la ciudad 19 imputaciones, de las que 12 corresponden con personal municipal y el resto, a personas vinculadas a la empresa Sermasa, una de las adjudicatarias de contratos públicos.