Los afectados del Ofimático atrasan el inicio del pleno con sus protestas

El malestar de los afectados por la construcción del parque Ofimático, acrecentado por la amenaza de inminentes desalojos en el margen derecho de Lavedra en dirección salida a la ciudad, provocó ayer momentos muy tensos al principio de la sesión plenaria. La presión para el Gobierno local fue constante, pues la evolución del pleno fue seguida muy de cerca por decenas de agentes de la Policía Local que reclaman los ajustes salariales a aplicar desde 2009.
Una docena de vecinos y representantes de la plataforma Stop Desafiuzamentos torpedearon el inicio del pleno municipal al protestar contra sus lanzamientos y su conversión a la fuerza en promotores del parque Ofimático.
Provistos con caretas del alcalde, Carlos Negreira, convertido en Pikachu y con una pancarta en la que se podía leer “Pikachu, Zeta, Ofimático, etc, etc...”, profirieron quejas ante toda la corporación. Los asistentes insultaron al regidor, al que le pidieron su dimisión. Sin embargo, apenas tuvieron margen para reivindicarse porque pocos minutos después de iniciar sus protestas fueron desalojados a la fuerza del palco público del salón de plenos.

“parar la bomba”
Pese a que les tocó actuar de forma activa para sacar del Ayuntamiento a los residentes actuales y antiguos del Ofimático, los policías locales integraron el otro colectivo damnificado de la mañana. Por turnos, decenas de agentes del servicio municipal vestidos de paisano se sentaron en el palco para averiguar si los cuatro grupos políticos con representación en María Pita trataban su problemática.
Este parte de que, además de los retrasos para comenzar la construcción de una nueva comisaría, el concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Flores, dejó entrever al presentar los presupuestos de su área que no pensaba reembolsar a los funcionarios el dinero de las anualidades atrasadas que les corresponde por la reclasificación de su categoría laboral.
Sin embargo, la decisión del PP de presentar ayer mismo una moción en la que se acordó “cumplir con el compromiso de mantener vigente el acuerdo de la junta de gobierno local e 2009 respecto a la reclasificación” del cuerpo de seguridad ayudó a calmar los ánimos. De hecho un agente salió del salón para llamar con el objetivo de “parar la bomba” que tenían preparada como medida de presión. Eso sí, la única promesa fue que pagarán cuando puedan e incluso lanzaron la pelota a un posible nuevo gobierno local.
“Para nosotros esto no varía nada la situación y en unos días definiremos en asamblea las medidas a tomar”, comentó al cerrarse la moción, Manuel Aceña, el responsable del sindicato CSIF, mayoritario en el Cuerpo