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viernes | 17 mayo | 2024
El grupo socialista de Santiago propuso hoy en el pleno ordinario del Ayuntamiento declarar la ciudad como zona de de mercado residencial tensionada. La medida fue aprobada en la asamblea municipal a pesar del voto negativo del Partido Popular, e implica orientar las actuaciones públicas hacia corregir la oferta insuficiente de de domicilios para la población.
A este respecto, el Grupo Socialista a través de Mercedes Rosón explicó que son varios los indicadores que llevan a la conclusión de que Santiago "precisa poñer límites ao alugueiro". Concretamente, hizo referencia a las "máis de 6000 vivendas baleiras" que hay en Compostela y la elevada tasa de esfuerzo que supone el acceso a un domicilio. Esta última revelaría que las familias dedican más del 30% de su renta a pagar la casa y, por tanto, cumpliría con el requisito para la declaración de la zona de mercado residencial tensionado.
La edil socialista señaló que "ata o 82% dos fogares composteláns sitúanse no que se poden considerar zonas tensionadas", con especial concentración en el centro de la ciudad. Además, hizo hincapié en que el alquiler incrementó durante el último lustro un 76% en la Ciudad Histórica, un 62% en el Castiñeiriño, un 61% en Santa Marta y un 39% en el Ensanche. En referencia a los precios de los mismos, Rosón explicó, apoyándose en datos del Observatorio da Vivenda de la Xunta, que en agosto de 2023 "o aluguer medio dun piso en Santiago era de 554 euros", lo que supone una subida de más de casi 150 euros con respecto a 2017, cuando el precio no superaba los 410.
De cara a la declaración, recogida en el artículo 18 de la Ley de Vivienda, la Administración local deberá redactar un plan específico que plantee medidas capaces de corregir desequilibrios en materia de hipotecas y alquileres. Así, deberán reunir, fundamentalmente, datos de la evolución de los precios en el tiempo y la relación entre estos y el nivel de renta de la ciudadanía, de modo que sea posible cuantificar el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para disponer de una vivenda digna en su ciudad.
Finalmente, la proposición fue aprobada con el apoyo de PSOE, BNG y Compostela Aberta. El PP votó en contra.
El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, manifestó el apoyo del grupo nacionalista a la propuesta. También incidió en que la Ley "non di nada de que os concellos teñan que ser os que elaboren toda a documentación xustificativa" a pesar de ser el Gobierno gallego quien cuenta con la información y los recursos para llevar a cabo los diagnósticos y las medidas a tomar. Por este motivo, hizo una llamada a la responsabilidad de la Xunta en la materia.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Borja Verea, reconoció el problema que existe con la vivienda en la capital gallega, pero apuntó que regular los precios no es la manera de facilitar a los dueños de los miles domicilios que hay en la ciudad que incluyan su propiedad en el mercado. Concretamente, declaró que si la medida sigue adelante lo que generará es que "moitos pisos que se atopen nas zonas tensionadas desaparezan", motivo por el cual decidieron rechazar la propuesta.
