10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
“Proposta da Alcaldía sobre indemnización de gastos de defensa xurídica”. Este es el título del punto número dos de la Comisión Informativa Xeral que se celebrará el próximo martes. Esa indemnización se refiere concretamente a una cantidad que supera los 21.000 euros y que se le deberá abonar al concejal del PDSP Emilio Gómez López, actualmente responsable del departamento de Obras y Servicios en el gobierno local.
La cantidad, en favor de Emilio Gómez, se deriva de un proceso del que salió absuelto
La cantidad se deriva de un juicio celebrado en marzo de este año relativo a una actuación, en el año 2005 –con Gómez López como titular de la Concejalía de Urbanismo y Ramón Rodríguez Ares de alcalde–, por la que se le acusaba de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras una tala de árboles en As Brañas.
El concejal, para el juicio, optó por la defensa de un abogado distinto al que el Ayuntamiento tenía entonces contratado, por lo que se costeó él todos los gastos que le supuso el proceso.
Entre esos gastos se incluyen 17.700 euros al bufete de abogados que contrató; otros 3.513,66 euros de una factura emitida tras solicitar el imputado un informe pericial y, por último, 100 euros para provisión de fondos de la procuradora.
solicitud por registro
La sentencia en la que se absuelve al actual titular de Obras es del 20 de marzo y Gómez López apenas esperó una semana para presentar, por registro municipal, una solicitud para reclamar ser resarcido de esos gastos. Y lo hizo dado que no fue declarado culpable de nada de lo que había sido acusado en el ejercicio de su cargo como concejal, por lo que entendía que tenía derecho a que le abonaran la cantidad que él ya había pagado para afrontar todo el proceso judicial.
El alcalde, Ernesto Anido, al conocer esta solicitud, pidió al departamento de Intervención un informe para conocer de qué modo debía actuar la administración local. El interventor, en el mes de julio, presentó ese trabajo, en el que concluía que, efectivamente, había que indemnizar a Emilio Gómez López.
Lo hacía explicando que en estos casos se debe resarcir a la persona absuelta siempre que la denuncia haya sido contra miembros de la corporación en el ejercicio de funciones corporativas; en el caso de que se dictamine sentencia absolutoria y con la condición de que se justifiquen documentalmente los gastos realizados. Intervención, que además informaba a Anido de que existía partida presupuestaria para hacer frente a esta indemnización, le recomendaba al regidor que pidiera otro informe a los servicios jurídicos municipales, que se lo remitieron enseguida, el 31 de julio.
Este nuevo informe también es favorable a la indemnización y explica que llega a esta conclusión al tratarse de actuaciones penales relativas a un miembro de la corporación, en la que no se aprecia negligencia y no ha sido declarado culpable.
Es decir, que se ajusta a la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de febrero del año 2002 en la que se establecían precisamente este tipo de casos en la administración local.
