SADA-El secretario confirma que el bufete que facturó por Ares no prestó ese servicio

SADA-El secretario confirma que el bufete que facturó por Ares no prestó ese servicio
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Una de las facturas que se incluían en una remesa de pagos sin abonar y que el gobierno local intentó aprobar en el pleno del pasado mes de junio para poder satisfacer a sus proveedores, el PDSP no la vio “clara”. Por eso, aquel punto no llegó a salir adelante.
Un mes después –en el pleno celebrado el 31 de julio–, Sada Popular, a través de su concejal Emilio Gómez López, denunció que esa factura correspondía al bufete de abogados Carlos Martínez y Asociados, por valor de 1.815 euros, y relativa, como ponía textualmente en un borrador –remitido por correo electrónico por ese despacho al alcalde, Ernesto Anido, para preguntarle por sus indicaciones para presentarla– a su “intervención profesional en relación con los efectos de esa sentencia, incluyendo informes y requerimientos”.
La sentencia de la que habla es la número 148/2012, dictada por el Juzgado de lo Penal número dos de A Coruña y que supuso la inhabilitación como concejal de Ramón Rodríguez Ares.
El PDSP ya defendió hace un mes que para ese proceso ni siquiera se celebró un juicio, una aclaración que hicieron para denunciar que en esa factura del citado bufete estaban hasta los honorarios de un procurador.

diligencia
Bien, pues tras aquella intervención, Anido no se pronunció y el asunto quedó prácticamente en el olvido de la opinión pública, pero no del PDSP, que pidió al secretario municipal que se pronunciara al respecto con el fin de aclarar este tema.
De este modo, señala el funcionario en su diligencia, “examinado el expediente titulado Inhabilitación del concejal Don Ramón Rodríguez Ares (...)” acerca de la mencionada sentencia del juzgado coruñés y en relación a “la constancia en el mismo de la existencia de un informe del bufete Carlos Martínez y Asociados (...) o sobre la participación procesal de este bufete en relación a la sentencia (...), no consta que dicha sociedad mercantil tuviera informado o tenido participación en relación con el cumplimiento o con la ejecución de la sentencia”.
De hecho, recuerda el PDSP, los únicos informes que existen en el expediente “y que sirvieron de base” para ejecutar el fallo judicial, “son los emitidos por el secretario municipal de Sada” y que ya fueron suficientes para que Rodríguez Ares abandonara su puesto como primer teniente de alcalde y como concejal de la corporación, hecho que se produjo hace ya más cerca de dos años.
El grupo municipal del PDSP subraya que, en lugar de haber recurrido a este bufete de abogados, el alcalde “podía haber solicitado informes adicionales de los servicios jurídicos del Ayuntamiento” o incluso del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, “pero no consta que lo hiciese a pesar de que ello no hubiera supuesto coste alguno para las arcas municipales”.
Tampoco figura en las dependencias administrativas, asegura Sada Popular, expediente alguno sobre la contratación de ese bufete de abogados “ni siquiera por un procedimiento negociado sin publicidad”.

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