Oleiros exige a la Xunta que contrate este año la conexión de la Vía Ártabra con la AP-9

García Seoane considera prioritaria la Vía Ártabra para comunicar la comarca

El Ayuntamiento de Oleiros exige a la Xunta que a lo largo de este año se contrate la obra de construcción del enlace de la Vía Ártabra con la autopista AP-9.

El Ayuntamiento de Oleiros exige a la Xunta que a lo largo de este año se contrate la obra de construcción del enlace de la Vía Ártabra con la autopista AP-9.
El alcalde, Ángel García Seoane, en su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope, dijo que planteará esta propuesta, que tendría que ser financiada con fondos autonómicos y europeos, en una reunión sobre infraestructuras viarias que se celebrará en A Coruña.
“Se trata de una actuación imprescindible para que esta vía logre todas sus posibilidades de comunicación y permita que los vehículos se incorporen directamente a la AP-9”, apuntó el mandatario local.

Insistencia
“Vamos a insistir mucho en la necesidad de que se concluya la Vía Ártabra, para que quede conectada con la autopista”, anunció García Seoane.. “A comienzos del año pasado el presidente de la Xunta me dijo que se iba a contratar”, desveló el regidor.
Asimismo, dijo que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, le comentó que el proyecto tendría un coste de unos 34 millones de euros.
“Se trata de una obra prioritaria para toda la comarca, que puede llegar a reducir el tráfico en la N-VI y en el puente de A Pasaxe en un 30%”, añadió.

Cesión perpetua de terrenos
Por otra parte, García Seoane aseguró que la cesión por parte de la Diputación de unos terrenos ubicados en el núcleo de Bastiagueiro es de carácter perpetuo y no por un período de treinta años como indicaba el Gobierno provincial, en un comunicado hecho público el pasado viernes.
Precisamente fue esa misma jornada cuando el alcalde oleirense y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, suscribían un acuerdo, a través del cual, Oleiros será titular de siete parcelas, en el entorno del INEF, que deberá destinar a uso público y social.