El gobierno municipal logró aprobar el cambio del sistema de actuación –de expropiación a cooperación– en el sector de suelo urbanizable R-3 (Monte Piñeiro) gracias al voto de calidad del primer edil, Juan Antonio Maceiras Barros, que deshizo el empate a seis concejales entre el equipo dirigente, del PP, y la oposición, del PSdeG-PSOE, provocado por la ausencia de uno de los ediles conservadores. La propuesta elevada a pleno por la Alcaldía de Miño nace de la necesidad de dar respuesta a la sentencia de mayo del 2011 que declaró nulo el acuerdo del 2006 en el que se licitaba y adjudicaba a una UTE (Unión Temporal de Empresas) de Lugo la urbanización del Monte Piñeiro.

El debate, celebrado en la casa consistorial, puso de manifiesto las discrepancias existentes entre populares y socialistas en relación con el proceso iniciado en 2002 con la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Miño y, sobre todo, con la política urbanística desarrollada por Maceiras, que, a pesar de las críticas de los últimos meses, se mostró tajante ante las acusaciones de la oposición: “Lo que ustedes llaman despectivamente ‘ladrillazo’ es lo que va a sacar adelante este país cuando consiga salir de la crisis”.

Los socialistas consiguieron que el gobierno local aceptase modificar la propuesta y se ampliase –de quince días a un mes– el plazo para que los propietarios de las fincas manifieste su voluntad o no de participar en el sistema de cooperación, pero no lograron que los conservadores cambiasen ni un ápice su posicionamiento respecto al procedimiento seguido, que el alcalde justificó en su supeditación al PGOM insistiendo en que “lo que anula el fallo es la adjudicación, pero no el pliego, por lo que éste, como el sistema, es válido, y lo que cambian son las circunstancias, ya que ahora el número de propietarios es mínino, lo que permite la cooperación”, concluyó Maceiras.

Además, el mandatario, en contra de lo que defiende la oposición, considera que el “único motivo” por el que los tribunales anulan la adjudicación es “por un cambio el precio”, que se produce –matizó– “porque el Ayuntamiento de Miño permite a la concesionaria que aumente la oferta para que los expropiados cobraran más”.

El PSOE instó al primer edil a aclarar en qué medida puede garantizar el Ayuntamiento de Miño su capacidad para tutelar el proceso, a lo que el regidor respondió que no lo ven “tan complicado, porque existen gabinetes especializados, que rendirán cuentas a las empresas (Vallehermoso, Areal y la UTE de Lugo). Además, el equipo dirigente está convencido de su capacidad de “negociar” con las tres empresas para proteger los compromisos adquiridos en su día con los vecinos de Miño. “Tivo que ser a xustiza a que viñese a reconducir este proceso, pero despois de gastar moitos cartos en avogados e asesores”, expuso el socialista Vázquez Faraldo.

Maceiras Barros, que calificó de “locura” tratar de adecuar el plan parcial a los nuevos instrumentos de planeamiento como llegaron a proponer desde los bancos socialistas, explicó que la idea pasa ahora por que la urbanización se desarrolle, aunque sea a un ritmo menor, “y ese es el interés de las tres empresas”, y del propio Ayuntamiento de Miño. “Porque cuanto antes empecemos, antes dispondremos del aprovechamiento del 10%”, manifestó Maceiras.