Exdirectivos de la Tercera Edad de A Barcala llevan al juzgado un desfase en las cuentas de 2015

La directiva de la Asociación Cultural de la Tercera Edad de A Barcala tendrá que acudir al Juzgado de Paz de Cambre para dar explicaciones sobre un desfase en las cuentas de 2015 detectado por el expresidente y la exsecretaria de la agrupación, que asciende a más de 1.200 euros.
Después de que los números que presentó la actual directiva quedasen impugnados en la última asamblea, el pasado 6 de mayo, Manuel José López advirtió al actual presidente, Rafael Pardo, de que si pasado un mes no justificaba las irregularidades y contradicciones en las cuentas –ausencia de tickets, diferencias entre los importes retirados en la cuenta bancaria y los gastos de caja, justificantes de pago firmados por el propio presidente y no por el destinatario– presentaría una denuncia contra él.

Personas “non gratas”
“Le dimos más de un mes de plazo y cuando pasamos por la asociación para recordarle el tema, nos respondió con altanería que no se había molestado en mirar nada. Su respuesta fue que tenía pensado declararnos personas ‘non gratas’ en la asociación”, explica el expresidente, quien considera que Rafael Pardo está actuando con “total opacidad” en un colectivo formado, principalmente, por ancianos.
Así, López y la exsecretaria, Elena Sánchez, han llevado el caso ante el Juzgado de Paz de Cambre, con la intención de que sea convocado un encuentro para que la actual directiva pueda justificar el desfase o dar explicaciones. “No es nada personal, el encuentro es con ánimo conciliador, queremos que actúen con transparencia. No estamos de acuerdo con la manera de proceder del presidente y no vemos normal que se nos nombre personas ‘non gratas’ solo por pedir las cuentas. En toda asociación los miembros tienen derecho a pedirlas”, dice López.
Los integrantes de la actual directiva empezaban ayer a recibir las cartas del Juzgado para acudir al acto de conciliación. Según López, si no se presentan en la reunión darán el siguiente paso, una demanda judicial por apropiación indebida.
“Los responsables de este mal hacer son el presidente y la tesorera, el resto de la directiva me consta que no conocía la forma de proceder de éstos. La asociación genera unos 3.000 euros de beneficio no fiscalizados”, dice.