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El TSXG confirma la orden de demolición de Porto Brasa para reponer la legalidad

| Actualizado 31 Julio 2012 - 05:03 h.
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El tribunal es claro en su auto y reitera que hay que cumplir la sentencia de marzo de 2009	quintana
El tribunal es claro en su auto y reitera que hay que cumplir la sentencia de marzo de 2009 quintana

Una urbanización de 15 chalés cerca del cementerio de la que se ha hablado más de temas urbanísticos, ilegalidades y sentencias judiciales que de lo bien o mal que viven los vecinos. Se trata de Porto Brasa, una zona residencial que, tal y como se desprende del último auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), debe ser derribada para poder reponer la legalidad urbanística sobre estos terrenos.

El alto tribunal gallego rechazó el incidente de inejecución presentado en 2010 por el Ayuntamiento

La última resolución del alto tribunal gallego se refiere a la desestimación del incidente de inejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento en 2010, con el gobierno del BNG y el PSOE, con el que se intentaba ganar tiempo, como reconoció el entonces alcalde, Abel López Soto, para que no se tuvieran que marchar los vecinos que ya habitaban en estas viviendas unifamiliares. Fue un intento, asegura el Bloque, “de evitar graves perxuizos aos compradores” que ya estaban allí instalados, “aínda que sen moito convencemento de que poidera prosperar dadas as evidencias”.

En este sentido, como señala el auto conocido ahora y fechado el pasado día 19 de este mes, el incidente del consistorio no se presentó hasta noviembre de 2010, más de un año y medio después de que se declarara firme la sentencia, aunque tan solo habían transcurrido unos días desde que el tribunal le ordenó la ejecución del fallo.

Esa urbanización, hay que recordar, fue anulada por sentencia del propio TSXG en noviembre de 2008, siendo firme unos meses después, concretamente en marzo de 2009.

En ella, tras la denuncia que en 2003 interpuso un vecino contra esta actuación urbanística que se aprobó en el año 2000, con el gobierno de Ramón Rodríguez Ares –entonces en el PP–, se anulaba la mencionada urbanización. El mismo vecino que denunció en 2003 fue el encargado de instar, tras conocer que la sentencia era firme, a la ejecución de la misma.

En concreto, se anuló tanto el instrumento de planeamiento urbanístico adoptado para la zona (Estudio de Detalle aprobado por el pleno de 24 de noviembre de 2000) como la licencia de obras, que fue otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno el 11 de diciembre de 2000 a la entidad promotora Gervasio Carballo e Hijos SL. El TSXG “considerou ilegal o Estudo de Detalle por conter unha parcela urbanística ilegal e tamén unha apertura de novo viario público non previsto no planeamento”, insisten los nacionalistas.

En cualquier caso, el encargado de realizar los trabajos de reposición de la legalidad urbanística es la promotora citada anteriormente, Gervasio Carballo e Hijos SL, nunca la administración local. Eso sí, el BNG aprovechó para volver a pedir explicaciones públicas al PP y, “por suposto”, la dimisión del hoy primer teniente de alcalde, Rodríguez Ares, “por esta cuestión a porque ademais xa está obrigado a facelo por unha condena penal”. Si no lo hace, insisten, “o alcalde debe cesalo”. n