Los dueños recurren la negativa de Betanzos al permiso de derribo para la antigua Fábrica de la Luz

General de Edificios y Solares SL, propietaria de la Fábrica de la Luz de A Ponte Nova acaba de interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de Betanzos

Los dueños recurren la negativa de Betanzos al permiso de derribo para la antigua Fábrica de la Luz
La Xunta ya ha iniciado el expediente para incluir el inmueble en el catálogo de patrimonio cultural de Galicia | aec
La Xunta ya ha iniciado el expediente para incluir el inmueble en el catálogo de patrimonio cultural de Galicia | aec

General de Edificios y Solares SL, propietaria de la Fábrica de la Luz de A Ponte Nova acaba de interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de Betanzos de 28 de septiembre de 2017 en el que se le denegaba la licencia de demolición de las construcciones existentes en el solar situado en la avenida de A Coruña. La resolución se adoptó habida cuenta de los informes desfavorables de la arquitecta y el asesor jurídico del Ayuntamiento de Betanzos.
La pasada primavera, GESS, perteneciente a Unión Fenosa Inversiones, solicitó a la institución municipal licencia de demolición al considerar que la estructura del inmueble no se encontraba en buenas condiciones por lo que consideraban que su derribo era necesario por seguridad, y los betanceiros saltaron como resortes apelando a singularidad de la Fábrica da Luz de A Ponte Nova.
También el Gobierno de García Vázquez adelantó en aquel momento que intentaría evitar la demolición alegando que el inmueble estaba en proceso de inclusión en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.
El 13 de julio de 2017, el DOG publicó el inicio del expediente para incluir estas instalaciones en el mencionado catálogo con la categoría de “monumento”, en respuesta a la solicitud municipal, aprobada por unanimidad del pleno en septiembre de 2016.

Plazos
Así, la Junta de Gobierno de Betanzos acordó rechazar esa licencia de derribo y alegó precisamente este anuncio de la Xunta.
Esta resolución implica una anotación preventiva en el catálogo del patrimonio y aplicar de manera provisional un régimen de protección mientras no se resuelve el expediente, para lo que se estableció un plazo máximo de 18 meses, que expira en las primeras semanas de 2019.