La Diputación concede doce años a los municipios para devolverle créditos

La Diputación concede doce años, los dos últimos de carencia, a los municipios de la provincia coruñesa para que devuelvan los créditos que soliciten a través del Plan de Aforro e Investimentos (PAI) que se aprobó ayer en el pleno.
Este programa, que se incluye en el presupuesto del próximo ejercicio, está dotado con 25 millones de euros y nace para la concesión de créditos a interés cero para los 93 ayuntamientos de la provincia.
El portavoz del gobierno provincial, Manuel Ruíz Rivas, explicó que cada municipio podrá destinar el importe del PAI tanto a reducción de su nivel de endeudamiento como a la realización de inversiones financieramente sostenibles, en función de su déficit presupuestario.
Es decir, un municipio con un porcentaje del 10% de deuda deberá destinar ese mismo porcentaje del PAI a reducir su carga financiera.
“Ayudamos así a que otros ayuntamientos puedan hacer lo mismo que hizo la Diputación y destinar a inversión sus recursos”, dijo Ruíz Rivas.
Según explicó el portavoz, la Diputación vuelve a demostrar, con la creación de este plan, su compromiso con la provincia “ya que utiliza criterios de reparto objetivos para poner a disposición de los 93 municipio cerca de 70 millones de euros del presupuesto provincial”.
Además, el presidente, Diego Calvo, adelantó que las bases del PAI serán enviadas a los municipios para que las conozcan y la institución provincial realizará una labor de asesoría para ayudar a los distintos ejecutivos locales a solicitar las ayudas.
También durante la sesión plenaria de dio luz verde al presupuesto para el año 2015, con un montante de más de 171 millones de euros y que refleja un crecimiento del 9% respecto al del pasado ejercicio.

Mecanismos de control
Según indican fuentes provinciales, una novedad que incluirá el presupuesto se encuentra en la aprobación de nuevos mecanismos de control en las bases de ejecución de las cuentas.
Así, para la concesión de subvenciones provinciales se tendrá en cuenta cuestiones como el número de socios de cada entidad. También se creará una comisión evaluadora de la que formarán parte todos los grupos políticos y técnicos provinciales.