BETANZOS-La ley de costas podrá regularizar hasta 800 construcciones en el área

La nueva Ley de Costas podrá regularizar hasta 801 construcciones repartidas por la ciudad de A Coruña y su área metropolitana, incluidos algunos municipios de la comarca de Betanzos. La cifra la ofreció ayer el secretario general del PP provincial, Diego Calvo, quien aplaudió el “cambio significativo” que se va a producir en estos ayuntamientos con la nueva normativa “gracias a la gestión” de los populares, tanto en el Gobierno central como en el Parlamento de Galicia.
“A lei, durante moitísimos anos representou moitas dúbidas na nosa costa”, afirmó Calvo, que añadió que la anterior legislación no recogía “a singularidade” del litoral gallego.
Para el secretario general del PP coruñés las modificaciones en la normativa son fruto del cambio que se produjo hace algo más de año y medio en el Gobierno estatal, ya que fue entonces, dijo, cuando se empezó a tramitar la ley “para solucionar moitos dos problemas de Galicia”. De esta forma, subrayó Calvo, se pasó de una época de “alegalidade” a un momento de “legalidade e seguridade xurídica”.
En lo que se refiere a la cantidad de construcciones afectadas y que ahora tienen la posibilidad de regularizar su situación con esta nueva norma en el área, son diez los municipios que cuentan con este problema, siete de ellos de la comarca coruñesa –la propia ciudad herculina, Culleredo, Arteixo, Cambre, Oleiros, Bergondo y Sada– y tres de la betanceira –Paderne, Miño y la localidad brigantina–.
De ellos, solo entre Arteixo y Oleiros (193 y 206 construcciones) aglutinan la mitad de las afectaciones totales, siendo la mayoría de ellas en suelo rústico. Después estaría A Coruña con 83, Bergondo con 69 y Miño con 64. El resto tienen todos menos de seis decenas de construcciones por regularizar. No obstante, el parlamentario popular Román Rodríguez dejó claro que no se van a legalizar el 100% de los casos ya que no se trata de “unha barra libre”, ya que existen “aberraciones urbanísticas” que no se podrán acoger a este proceso.
Rodríguez explicó que existen dos caminos para que los ayuntamientos lleven a cabo esta regularización. Aquellos que tengan núcleos delimitados dentro de la zona de servidumbre, que podrán pasar el límite hasta un tope de 20 metros, un trámite para que el que tienen tres meses. En segundo lugar, los no delimitados pueden hacerlo con nuevos núcleos rurales dentro de la zona de servidumbre y tienen dos años para ello.