10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La confirmación, por parte del Tribunal Supremo, de la orden de demolición de la urbanización Porto Brasa, en Fiunchedo –formada por una quincena de viviendas unifamiliares–, ha provocado una reacción en el gobierno local, y más concretamente en el alcalde, Ernesto Anido, que no se sorprende en absoluto.
“Los responsables de causar esta extorsión a los propietarios tienen nombre y apellidos”, señala el regidor en un comunicado hecho público ayer tras conocerse la sentencia.
Anido se refiere, cómo no, al exalcalde Ramón Rodríguez Ares y a su equipo, en el que incluye al actual concejal del PDSP Emilio Gómez, quien se ha convertido en el azote del mandatario municipal desde que este decidiera cesar a los cinco ediles de su partido en diciembre de 2013.
Por ello, Ernesto Anido considera que tanto Rodríguez Ares como los integrantes del gobierno que otorgó aquella licencia en el año 2000 –y que está anulada por los tribunales– “deberían pedir perdón a los afectados y ponerse a disposición de los vecinos, al margen de su responsabilidad particular, que sin duda tienen”. A raíz de este fallo judicial, el alcalde señala a los propietarios de las viviendas de Porto Brasa y al conjunto de los sadenses como “grandes víctimas” de esta resolución.
Unos, dijo, que adquirieron sus casas “de buena fe” y los ciudadanos, explicó, por ser quienes “están pagando con sus impuestos las responsabilidades patrimoniales consecuencia de los desmanes del PDSP”. No obstante, cabe señalar que cuando se otorgó la licencia, Rodríguez Ares encabezaba al PP de Sada, partido que hoy representa el propio Anido.
plan general
Ante esto, y una vez agotada la vía judicial, ya que no cabe recurso contra esta sentencia, el alcalde sigue apostando todo al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), cuya aprobación abriría la puerta a conseguir la legalidad para la citada urbanización. “No quiere decir que el plan legalice las urbanizaciones que hay en Sada con licencias anuladas –como es el caso–”, dijo Anido, sino que, al menos, “abre una vía para que los afectados insten a la legalización” de sus viviendas.
Una situación que, como señaló, además de los afectados de Porto Brasa, padecen los propietarios “de las más de 100 viviendas” que se encuentran en las mismas condiciones.
Un motivo más para pedirle a la oposición su apoyo a la hora de votar –cuando estime oportuno el gobierno local llevarlo a pleno– la aprobación definitiva del PGOM, “que contempla la mejor solución legal posible para ordenar este ámbito”.
Un escenario, el del apoyo de la oposición, que se antoja harto complicado, después de que los grupos municipales hayan expresado tanto públicamente como en privado que no darán su voto antes de las elecciones municipales, para las que quedan menos de tres meses, sino que quedará sobre la mesa.
